El Ministerio Público argumentó, en la moción, que los ocho arrestados deben permanecer en prisión hasta el juicio.
El fiscal Daniel J. Olinghouse planteó que “no existe ninguna condición o combinación de condiciones que garanticen razonablemente su comparecencia como se requiere, y la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad, con base en una preponderancia de la evidencia”.
Olinghouse recalcó que “la detención es necesaria porque los acusados presentan un riesgo serio de fuga”.
“Hay evidencia suficiente para justificar una conclusión de riesgo grave de fuga en este caso, que involucra un esquema masivo de robo de identidad y fraude que los acusados perpetraron durante años en todo Puerto Rico”, añadió el fiscal.
De la moción, se desprende que el caso ha estado activo desde, al menos, los pasados tres años.
Según la denuncia, en enero de 2022, las autoridades locales encontraron un bulto con sobre 200 licencias de conducir de Puerto Rico con la foto de uno de los acusados, Luis Pagán Torres, pero con nombres e información de distintas personas reales.
La moción incluyó imágenes de estibas de licencias fraudulentas ocupadas en el transcurso de la pesquisa.
Dos años después, durante una intervención en octubre de 2024, las autoridades ocuparon 352 licencias de conducir con el rostro de Enrique Falcón López, y 25 con la imagen de Tomás Bermúdez Monroig, ambos coacusados. Pero la información en las tarjetas eran de otras personas.
Basándose en mensajes interceptados, la moción señaló que el coacusado Francisco Martínez Mendoza, presuntamente, pareció haber fabricado las licencias fraudulentas usando dispositivos electrónicos personales que compró en el internet.
Añadió que, pese a las intervenciones, el esquema continuó con el uso de las licencias falsas para hacer compras.
El fiscal indicó que, el 10 de mayo, una licencia con el rostro de Pagán se utilizó para comprar una bicicleta de $16,000 en una tienda local. Mientras que el 28 de mayo, Falcón solicitó una tarjeta de crédito en el mismo local y al otro día compró una bicicleta por $14,495.
Mientras, la moción reveló la presunta participación en el esquema de Iván González Costa, hermano del senador del PIP Adrián González Costa, quien aseguró en conferencia de prensa desconocer información de primera mano, sino lo que se enteró mediante los medios de comunicación tras el arresto.
El fiscal señaló que Iván González Costa fue grabado en una tienda de bicicletas en momentos en que recogía el producto de una compra fraudulenta usando la identificación de otra persona.
“Los agentes recibieron información de otro minorista relacionada con otra compra fraudulenta realizada en diciembre de 2024, en la que se utilizó una licencia de conducir de Puerto Rico con información personal de otra persona y el rostro de (Iván) González. Si bien hasta el momento no se han incautado licencias de conducir físicas” con su foto, “la revisión de las comunicaciones electrónicas muestra que algunas se presentaron para promover el esquema”, sostuvo la Fiscalía federal en la moción.
La agencia resaltó, mediante comunicado de prensa, que parte del esquema incluyó el uso de las licencias falsas para hacer compras fraudulentas en la tienda Home Depot.
De acuerdo con el fiscal, “las autoridades desconocen, en este momento, cuántas licencias de conducir fraudulentas se han producido durante el esquema de varios años de los acusados”.
“Tampoco se sabe exactamente a cuántas otras licencias de conducir fraudulentas o información personal podrían tener acceso los acusados si fueran liberados bajo libertad condicionada”, sostuvo. “Pero todo lo que necesitan es una licencia de conducir fraudulenta para huir, defraudar a otras víctimas para obtener los medios para huir, o ambas cosas”.
“Las comunicaciones electrónicas entre los conspiradores sugieren que los acusados probablemente tengan acceso a una cantidad sustancial de información personal que podría usarse para fugarse, defraudar o, de otro modo, crear un grave riesgo de fuga. En consecuencia, se justifican las audiencias de detención”, afirmó.
Los ocho acusados son Enrique K. Falcón López, alias “Gordo” y “Náutica”; Luis Pagán Torres, alias “Luiso”; Francisco Martínez Mendoza, alias “Pito”; Dennis H. Ditran, alias “Dennis H. Ditran Phillips” y ”Dennis Ditren”; Tomás Bermúdez Monroig; Jesús M. Cruz Martínez, alias “Chobi”; y Karelys Olmo Rodríguez.
Un gran jurado emitió un pliego con cargos por fraude postal, electrónico y bancario, así como por robo de identidad agravado.
Según el comunicado, de resultar culpables, los acusados se exponen a sentencias máximas de hasta 30 años en prisión y un mínimo mandatorio de dos años.
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